La Jornada (Pág. 19)
Jesús Aranda
Los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si la copia de la averiguación
previa contra los militares que presuntamente violaron a la señora Ernestina
Ascensión Rosario, nahua de 73 años, debe ser entregada a sus familiares.
En la sesión de este jueves, el
pleno de ministros empezará la discusión del amparo solicitado por Patricia
Benítez Pérez, hija de la indígena fallecida el 26 de febrero de 2007 en
Soledad Atzompa, Veracruz, cuya primera necropsia reveló que había sido atacada
sexualmente. Sin embargo, el propio presidente Felipe Calderón afirmó que murió
por gastritis y no se ejerció acción penal contra los inculpados.
Los ministros resolverán la
solicitud de amparo, en la que se demanda acceso a la averiguación previa y a
la documentación con base en la cual la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Veracruz resolvió no actuar penalmente contra los soldados
involucrados en los hechos.
Por primera vez, los ministros
dictaminarán un asunto que tiene que ver con militares acusados de cometer un
delito en agravio de un civil, en el que la autoridad correspondiente decidió
que no había elementos para continuar el desarrollo de la indagatoria.
Se espera una votación dividida en
el pleno, ya que hay juzgadores que consideran que debe prevalecer el principio
de máxima publicidad de la información pública, mientras otros sostienen que la
autoridad tiene facultades para no entregar los datos requeridos cuando puedan
constituir un riesgo para quienes estén relacionados con los hechos.
El 10 de julio de 2008, Benítez
Pérez hizo una solicitud de acceso a la totalidad del expediente concluido
140/2007/AE, así como a la indagación 140/2007 de la agencia del Ministerio
Público investigadora especializada en delitos contra la libertad y seguridad
sexual y contra la familia del estado de Veracruz.
Ante la negativa de la dependencia
a entregar la información, el pasado 18 de agosto la quejosa presentó un
recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información,
el cual confirmó la negativa.
Posteriormente presentó una
solicitud de amparo en la que demanda la inconstitucionalidad del artículo 73
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Veracruz, recurso que
será resuelto en definitivo en la Corte.
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