Redacción
Aunque
la Ley de Víctimas quedó pendiente de publicación en el Diario Oficial de la
Federación desde que fue turnada al Ejecutivo hace más de dos meses, el
presidente Felipe Calderón devolvió apenas ayer el documento al Congreso con el
argumento de que deben mejorarse varios de sus puntos, entre ellos la precisión
sobre la responsabilidad de cada uno de los tres órdenes de Gobierno en la
atención a las víctimas del crimen.
Entre
otras cosas la nueva ley obliga al Estado a proteger, dar asistencia y reparar
el daño a las personas que sufran ataques de la delincuencia o abusos por parte
de las autoridades.
La
observación del Ejecutivo, pese a ser extemporánea, resulta pertinente en caso
de que en verdad haga falta precisar los ámbitos de competencia de las
autoridades en esta materia. De nada sirve una obligatoriedad legal si la
propia norma no permite distinguir responsabilidades. Como reclama el gobierno
federal, sería contraproducente que de la interpretación de la ley se
desprendiera que sólo el gobierno federal es el que debe atender a las víctimas.
Finalmente también las autoridades locales combaten el crimen y son
susceptibles de cometer abusos.
Como
sea, urge que no por el inminente cambio de legislaturas y gobierno federal
esta ley se quede en el limbo.
Primero
debe demostrarse con hechos que el Ejecutivo no está vetando la ley, sino sólo
pidiendo que se ajuste. Segundo, será importante que el gobierno federal cumpla
con su oferta de incorporar en la revisión de la misma a organizaciones de
víctimas y sus familiares, así como a los legisladores que la aprobaron, de esa
manera se conseguirá mejor el objetivo de no dejar vacíos jurídicos en el
documento.
Así,
los grupos impulsores de la ley podrán verificar que las modificaciones no
cambien la esencia garantista de la legislación.
Este
trabajo de minuciosidad sobre las implicaciones de la ley, sin embargo, no
exime de urgencia la promulgación de la misma. Todos los días se siguen
presentando en el país asesinatos que quedan impunes y personas afectadas a las
que no se les ofrece resarcimiento del daño.
El crimen sigue
manteniendo sus actividades contra la sociedad y las instituciones sin distingo
de tiempos políticos. Si para una pronta aprobación se requiere de un periodo
extraordinario de sesiones en el Congreso, los legisladores salientes cuando
menos tendrían que valorar la pertinencia de hacerlo.
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